Hablar de economía es hablar de financiación. Y, en el caso de Valéncia, es hablar de infrafinanciación.

Los valencianos exigimos ya, de una vez por todas, el final de esta discriminación en la financiación, que repercute tan negativamente en todas las actividades y todos los sectores productivos, con el correspondiente perjuicio al pueblo valenciano.

Desde el inicio de la democracia, los partidos gobernantes en nuestra autonomía, primero el PSOE y después el Partido Popular, presumían de valencianismo, pero han estado más preocupados por obedecer las órdenes que reciben de sus respectivas direcciones que de pedir una financiación justa para el pueblo valenciano. Eso ha hecho que se acumule una deuda histórica que ningún gobierno quiere reconocer y cada vez empobrece más a nuestra tierra.

El pueblo valenciano es laborioso y emprendedor y tiene espíritu de superación, pero estas virtudes se dilapidan por la actitud miserable de los políticos que nos toca sufrir – que no son valencianistas -, desde la derecha a la izquierda, a quienes no les importa la ruina que están provocando en nuestra tierra; la cual afecta también a las generaciones futuras, que ven recortadas sus posibilidades de desarrollo.

El modelo de financiación autonómica está caducado desde 2014. Valéncia necesita una fuerza política que defienda a los valencianos, en el nuevo modelo de financiación, sin obedecer a Madrid ni a Cataluña. Es una oportunidad que no podemos dejar pasar y únicamente será posible con DECIDIX, cuya única preocupación es el bienestar del pueblo valenciano.

A pesar de esta discriminación, somos la cuarta autonomía que más aporta al PIB español (concretamente, el 9.3 %), lo que deja clara nuestra capacidad como pueblo.

Para DECIDIX, otra cuestión de vital importancia es que Valéncia tenga un concierto económico, como ya tienen otras comunidades autónomas. Que nosotros podamos recaudar y gestionar impuestos como el IRPF, IVA, Patrimonio… significa que podamos invertir en lo que realmente es necesario para los valencianos.

Desde 2015, no tenemos entidades bancarias propias, con capacidad y recursos para financiar proyectos de envergadura que supongan desarrollo para nuestra tierra.

Todos recordamos que no existió voluntad política para salvar el centenario Banco de Valencia, pese a que estaba en quiebra técnica. Para que llegara el rescate europeo, tenía que desaparecer alguna entidad bancaria y, una vez más, le tocó a Valéncia, con un rescate encubierto a CaixaBank. ¿A alguien le sorprende?

Existe el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), pero, aparte de que es una entidad pública, dependiente de la Generalitat, no tiene ni el presupuesto ni la capacidad que Valéncia necesita.

Por eso, resulta urgente la creación de una entidad financiera totalmente valenciana, que puede ser pública o privada pero con los órganos de decisión aquí, para facilitar la financiación a las personas y empresas valencianas.

Nuestra sociedad requiere, con urgencia, disponer de una banca o un sistema financiero con la suficiente capacidad para invertir en proyectos propios. En la actualidad, los grandes bancos que operan en Valéncia tienen sus centros de decisión en otras comunidades. Esto supone que, en caso de conflicto de intereses, sin duda, beneficiarán a sus territorios, perjudicando al pueblo valenciano.

En DECIDIX, estamos convencidos de que la política económica valenciana debe ser capaz de atraer, anticipándose a otros territorios, a las grandes empresas, que son las que generan las inversiones millonarias y contribuyen al desarrollo económico y social de nuestra tierra.

Pero, sobre todo, en DECIDIX, pensamos que el fin más importante de la economía es conseguir el bienestar de las personas. El Ingreso Mínimo Vital, también llamado Renta Básica Universal, se debe ampliar a todos los valencianos que realmente lo necesitan; que, lamentablemente, cada día son más.

Esta prestación debe tener una tramitación fácil y rápida, con un importe que se vaya actualizando, sea compatible con cualquier otra ayuda que puedan percibir los beneficiarios y tenga un control eficaz para evitar fraudes.

No nos olvidamos de los autónomos y pymes. Un ejemplo que muestra la incapacidad del Gobierno español y del valenciano es la dificultad de las pymes para acceder a los fondos europeos. Se les aplican las mismas condiciones que las multinacionales, pero no tienen los medios necesarios para gestionar la solicitud. El Gobierno valenciano debería aportar los recursos oportunos para facilitar el acceso a estos fondos por parte de las pymes, que representan el 95 % de las empresas valencianas.

A continuación, exponemos las medidas de Decidix para los autónomos:

1. Sistema de cotización más justo y flexible

Desde el 1 de enero de 2025, los autónomos deben cotizar según sus ingresos reales, en cuotas mensuales que oscilan entre 200 y 590 euros, dependiendo del tramo de rendimientos netos. Aunque este cambio busca una mayor equidad, ha generado preocupación entre aquellos con ingresos variables o estacionales, quienes temen que este sistema no se adapte adecuadamente a su realidad económica. Además, se ha incrementado el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), del 0,7 al 0,8 %; lo que ha sido criticado por algunos colectivos, que consideran que este aumento resulta injusto para los autónomos con menores ingresos.

2. Mejora de la protección social

Las organizaciones que representan a estos trabajadores han solicitado una reforma del cese de actividad y una ampliación del acceso al subsidio para mayores de 52 años. Estas medidas buscan garantizar una mayor seguridad económica para los autónomos en situaciones de cese temporal o definitivo de su actividad.

Los autónomos reclaman una equiparación en derechos y prestaciones con los trabajadores asalariados, incluyendo bajas por enfermedad, desempleo y jubilación en condiciones similares. También piden una revisión de las condiciones para acceder a estas prestaciones, adaptándolas a la realidad de su actividad.

3. Reducción de cargas administrativas

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha destacado la necesidad de identificar y reducir las principales trabas burocráticas que afrontan los autónomos en su relación en la Administración. En colaboración en el Ministerio para la Transformación Digital, se están implementando medidas para facilitar los procedimientos administrativos y reducir la carga administrativa que recae sobre este colectivo.

Los autónomos solicitan una reducción de la burocracia y una mayor claridad en los procedimientos administrativos. En particular, exigen mejoras en la comunicación con la Seguridad Social y Hacienda, así como en los procesos de alta, baja y modificación de datos.

4. Mayor apoyo a las pymes y los autónomos

Además de las demandas específicas, los autónomos han expresado la necesidad de un mayor apoyo institucional para las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la base del tejido productivo del país. Esto incluye la implementación de políticas que fomentan el emprendimiento, la innovación y la competitividad en un entorno económico cada vez más digitalizado y globalizado.

5. Protección frente a la competencia desleal

Casos como el de Glovo, que afronta juicios por competencia desleal por el uso de falsos autónomos, han generado preocupación en el sector. Los trabajadores por cuenta propia reivindican una mayor vigilancia y sanciones para aquellas empresas que incumplen la normativa laboral y perjudican a los autónomos legales.

6. Acceso a financiación y ayudas económicas

La incertidumbre económica ha llevado a que el 31,6 % de los autónomos haya solicitado financiación bancaria en el primer trimestre de 2025. Además, programas como el Kit Digital ofrecen ayudas de hasta 3000 euros para la digitalización de negocios, pero muchos autónomos reivindican una simplificación en los procesos de solicitud y una ampliación de las ayudas disponibles.